“Las dos caras de la justicia” por Unai Yoldi

El pasado domingo 1 de febrero se cumplió el 35º aniversario del asesinato de Yolanda González. Desgraciadamente más de tres décadas después sigue estando de actualidad este caso y es que su asesino está en libertad sin haber cumplido con la pena que le fue impuesta.

Retrocedamosen el tiempo. 1 de febrero de 1980, Madrid. Yolanda González joven deustuarra de 19 años es secuestrada y asesinada por Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez. Yolanda era una estudiante, activa políticamente en el ya extinguido PST (Partido Socialista de los Trabajadores). Los autores del crimen eran militantes del partido ultra-derechista Fuerza Nueva, y acusaban a Yolanda de pertenencia a un comando de ETA, algo que quedó descartado pues solo se trataba de una joven vasca y de izquierdas, pero para algunos motivos suficientes para acabar con ella. El asesinato fue reivindicado mediante Emilio Hellín por el denominado Batallón Vasco Español con el siguiente comunicado:

«El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades.
Por una España grande, libre y única.
¡Arriba España!»

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión, de los que solo cumplió 14 de ellos y durante los cuales disfrutaba de permisos para salir de prisión. En uno de ellos aprovechó para fugarse a Paraguay. Años después, en 1996, volvió al Estado español donde cambió su nombre por Luis Enrique Hellín.

Como si el no pagar por sus crímenes no fuese poco, hace dos años El País descubrió que el asesino de Yolanda González trabaja como asesor de criminalística de la Guardia Civil, al tiempo que impartía clases de formación a agentes de Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra.

Podría pensarse que se trata de un caso aislado de un criminal que ha estado eludiendo a la justicia. Pero no, ha sido la propia “justicia” la que ha abierto el camino de la libertad a Hellín, primero con la concesión de unos controvertidos permisos penitenciarios que aprovechó para fugarse, y más tarde trabajando para casi todas las FSE, cobrando dinero de todos y sin pagar por arrebatarle la vida a una joven estudiante. Son las instituciones que supuestamente están para proteger al ci​udadano y velan por el bien común las que han amparado a Emilio Hellín.

Tampoco se trata de un caso aislado. José Amedo, Rodríguez Galindo, “Billy el niño”, Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, José Barrio Nuevo, Rafael Vera… son algunos de los nombres de franquistas, terroristas del GAL, policías, etc. que no han pagado por sus crímenes. Ampliando el caso de tres de ellos, parece que a la hora de juzgarles o aplicar sus penas, la señora justicia estaba de vacaciones.

José Amedo, subcomisario de Policía y miembro de los GAL: fue condenado a 117 años de prisión por seis asesinatos, secuestros, lesiones y asociación ilícita. Tan solo pasó doce en la cárcel, la mitad en régimen abierto.

Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil: autor del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, fue condenado a 71 años de prisión de los cuales tan solo pasó 4 encarcelado y posteriormente fue puesto en libertad por motivos de salud.
Antonio González Pacheco “Billy el niño”, inspector de Policía: acusado de múltiples torturas y de estar relacionado con la muerte del estudiante Enrique Ruano. Una jueza argentina decretó su búsqueda y captura, pero la Audiencia Nacional rechazó el razonamiento de la magistrada argumentando que esos delitos ya habían “prescrito”.

Queda patente la impunidad de la que han gozado determinados delincuentes, casualmente todos del mismo lado de la barricada. Sin embargo con otros ocurre radicalmente lo contrario. La actual política penitenciaria española tiene a los presos y presas vascas dispersadas por todo el territorio estatal a cientos de kilómetros de sus casas por su única condición de ser vascos y vascas. Por si no fuera suficiente la ya derogada doctrina Parot, permitía la acumulación de las penas de presos, algunos de los cuales ya habían cumplido veinte o veinticinco años de condena y se les trataba de imponer diez más.

También en consecuencia con la derogación de dicha doctrina hemos visto, sobre todo, a sectores de la derecha española despotricar porque un ex-miembro de ETA salido de prisión pueda ser jardinero, albañil, dependiente… o cualquier profesión a la que se pueda dedicar. Pero no ven con malos ojos que un fascista con delitos de sangre imparta cursos de informática a la policía.

Son sabidos también los múltiples casos de denuncias de torturas a detenidos en régimen de incomunicación. Parece muy poco probable que los asesinos antes mencionados sufrieran torturas de instituciones para las que habían trabajado o de quienes podrían haber sido sus compañeros antaño.

Por último y no por ello menos importantes, las víctimas. Las víctimas son el resultado de años de franquismo y de una posterior época de diferentes violencias procedentes de todas las partes y que, en consecuencia, dejó víctimas en todas ellas. El reconocimiento de todas, así como el ajusticiamiento de sus agresores, es concebido como lo que debiera ser el procedimiento habitual en cualquier estado democrático. Tristemente en el Estado español hay dos tipos de víctimas: las del amigo y las del enemigo, de primera y de segunda.

Viendo las penas cumplidas y la impunidad de la que han gozado algunos, y las doctrinas, dispersiones e incomunicaciones impartidas a otros, parece como si las vidas de unos valiesen más que las de otros; como si la vida de Yolanda González valiese menos que la de cualquier asesinado por ETA. Todas las victimas deberían ser reconocidas y sus asesinos juzgados y tratados de un modo igualitario independientemente de quién se trate. Es erróneo e injusto hacer una visión de los últimos 40 años presentando solo a determinadas victimas provocadas por determinadas violencias. Si se quiere paz han de reconocerse y reparar a todas las víctimas, si se quiere justicia más de uno deberá rendir cuentas.

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